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Laboral / Admin. Pública

2014

• Se vuelve a congelar el salario mínimo interprofesional. Es la segunda vez que lo hace el PP, tras la congelación de 2012.

• Hacienda vuelve a congelar los salarios públicos en 2014. Ya van 4 años seguidos y se calcula que la pérdida de poder adquisitivo es ya del 15%.

• Los trabajadores afectados por un ERE temporal no podrán recuperar su prestación de paro.

• La indemnización por despido pasará a tributar en el IRPF. Pagar impuestos hasta por ser despedido.

• Las bajas laborales van a sufrir profundos cambios con la nueva legislación que prepara el Gobierno. Se da más poder a las mutuas, entre otros.

• La segunda ronda de la reforma laboral, aprobada en 2012, supondrá nuevos recortes en los derechos de los trabajadores, como la ampliación del contrato con despido gratis el primer año también a jornadas parciales o la reducción de los modelos de contrato a 5.

• La tasa de reposición de las bajas se limitará al 10% de los puestos públicos.

• La plantilla de la administración se reducirá en 13.435 funcionarios.

• Los funcionarios aún tienen suprimidos los días de libre disposición o moscosos, y aún no hay fecha de devolución.

• Entra en vigor parte de la reforma del sistema de pensiones, con todo lo que eso supone. El Gobierno ha anunciado que se revalorizan un paupérrimo 0,25%, es decir, muy por debajo de la inflación prevista para 2013 que, según esta Nota de Prensa de Funcas, será del 1,4%.

• Andalucía: se vuelven a suprimir los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias de 2014 de los empleados públicos.

• Cataluña: recorte de la paga extra de los funcionarios de la Generalitat en 2014.

• Madrid: la reducción de personal público en 2014 será de 2.574 puestos de trabajo.

• Murcia: despidos sin explicación en parte de la plantilla del Servicio de Formación y Empleo.

2013

• Reducción de un 6,3% en el presupuesto de las prestaciones por desempleo en los Presupuestos Generales de 2013.

• El presupuesto de las políticas activas de empleo (Fomento del Empleo) para 2013 se reduce más de un 30% respecto al de 2012.

• El Gobierno endurece el acceso al subsidio de paro para mayores de 55 años al introducir nuevos requisitos: no podrán percibirlo los que vivan con un hijo/a menor de 26 años o un cónyuge que cobre más de 967 €.

• Además, las personas mayores de 55 años que pidan el subsidio solo podrán cobrarlo hasta los 61 años, y en ese momento deberán jubilarse anticipadamente. Supondrá perder entre un 18% y un 22% de la futura pensión de jubilación.

• Para 2013, el Gobierno estudia un anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que pretende modificar profundamente la colegiación de arquitectos, abogados, ingenieros y farmacéuticos con la excusa de “mejorar la competitividad”. Información completa.

• Según este artículo, en el último Consejo de Ministros de 2012 se suspendieron temporalmente (tres meses) las jubilaciones anticipadas y parciales.

• Empleo endurece el acceso a la jubilación anticipada al exigir 33 años cotizados, 3 más de los actuales, entre otras medidas que también endurecen la jubilación parcial.

• La Reforma de la Administración Local: un nuevo abuso disfrazado de medida beneficiosa. En esta entrada analizamos en profundidad esta trampa para el ciudadano.

• El Gobierno decide no ratificar el convenio 189 de la OIT sobre la mejora de los derechos laborales de las empleadas del hogar, un colectivo muy susceptible de sufrir abusos laborales.

• En abril tenemos primeras noticias de que el Gobierno deja de considerar los aumentos del IPC como referencia para la actualización de los salarios de los trabajadores públicos y muy probablemente también de las pensiones.

• En mayo conocemos que el Gobierno baraja dos vías de ajuste para las pensiones: reducción de las pensiones en el futuro y desligue de las actuales del IPC. Y a eso lo llaman “sostenibilidad”.

• El Estado prepara un acuerdo marco estatal por el que se dará incentivos con dinero público solo a las grandes agencias de empleo privadas, las que coloquen a más de 5.000 desempleados. Esto deja fuera a muchas ONGs y asociaciones menores y supone una privatización parcial de los servicios públicos de empleo.

• Hacienda limitará el salario a decenas de miles de empleados locales en 2014 y 2015 poniendo límites al complemento específico, definidos cada año en la Ley de Presupuestos.

• En julio finaliza la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, el fin de la vigencia automática de un convenio colectivo vencido mientras no se apruebe uno nuevo, con lo que miles de trabajadores quedan desprotegidos.

• El Gobierno suprime, fusiona o adelgaza 57 entes de la Administración con la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas).

• El Gobierno facilita los ERE al introducir retoques a la reforma laboral: limita las demandas individuales y las causas de nulidad.

• Empleo también exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas anuales en los despidos colectivos.

• Empleo crea un “buzón contra el fraude” que vulnera la ley que prohíbe el uso de denuncias anónimas.

1.336 despidos con 20 días por año trabajado en la empresa pública Tragsa.

• Andalucía: la Confederación de Empresarios de Andalucía despedirá a la mitad de sus empleados y cobrará por servicios profesionales.

• Baleares: la Policía Local de las islas sufre la precariedad de un contrato basura por el que solo trabajan 9 meses al año como “policía turística” pero con las funciones completas de la Local.

• Cataluña: los trabajadores públicos catalanes vuelven a quedarse sin una paga extra en 2013. Entre otras medidas, también se incluye la no renovación de trabajadores que se jubilen o causen baja y la no contratación de hasta 10.000 interinos en periodos concretos.

• Cataluña: las oficinas de empleo del SOC prescinden de 236 orientadores laborales justo cuando más se necesitan. “De un lado de la mesa al otro”.

• Cataluña: la Generalitat y la CCMA preparan un ERE para despedir a 500 trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio.

• Galicia: La Xunta despedirá sin negociar con sindicatos a un millar de interinos de su estructura central. Fuente.

• Galicia: Traballo recorta a la mitad los fondos para luchar contra el paro.

• Madrid: Metro plantea una bajada general del 10% del salario o el despido de 720 trabajadores.

• Madrid: el ayuntamiento reduce a mínimos la inversión pública en el mantenimiento de la ciudad y se acumulan los desperfectos en aceras, parques, mobiliario urbano, patrimonio histórico, etc.

• Madrid: el Gobierno regional insta a las oficinas de Empleo a priorizar a los desempleados que cobran prestación por delante de los de larga duración con el vergonzoso propósito de adelgazar la factura de las prestaciones.

• Madrid: según el BOCM del 28 de mayo, cada municipio madrileño podrá contar con hasta 100 desempleados para “obras y servicios de interés general”. El desempleado está obligado a hacerlo, pero no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social, aunque percibirá una renta que complementa su prestación. Esta medida excluye a los que ya no cobran prestación, que son los que más lo necesitan.

• Madrid: los recortes y la burocracia dejan sin rehabilitar 186.000 viviendas en la comunidad. De los 350 millones de euros prometidos por el Gobierno regional, no se ha invertido ni un céntimo.

• Murcia: recorte de entre el 60% y el 80% de la paga extra de los funcionarios en diciembre de 2013 y junio de 2014.

• País Vasco: el ERE en el BEC penaliza a los que menos cobran: se reduce un 19% el sueldo de los 25 empleados que menos cobran, mientras que el de los 12 directivos solo se reduce un 9%.

• País Vasco: el presupuesto de Vitoria-Gasteiz de 2013 deja sin gastar 54 millones en partidas como Promoción Económica, Igualdad, Euskara y Cooperación.

2012

• Supresión de la mayoría de las bonificaciones a la contratación (julio 2012): la de mayores de 45 años, la de mayores de 59 años y las destinadas a la reincorporación al trabajo para mujeres después de la maternidad. Fuente.

• Se aprueba una reforma laboral que menoscaba los derechos de los trabajadores. Todas las claves aquí.

• Recorte de 1.557 millones de € en políticas activas de empleo para 2012, un 21,2% menos. Estas políticas comprenden programas de empleo y de formación para el empleo, así como bonificaciones a la contratación.

• Supresión de la paga extra de Navidad para trabajadores públicos y reducción de días libres a la mitad.

• En el conjunto del Estado, en 2012 se suprimieron 218.900 empleos en el sector público, es decir, uno de cada cuatro empleos perdidos era público.

• Aceleración del proceso de retraso en la edad de jubilación.

• Reducción de la prestación por desempleo a partir del 6º mes del 60% al 50%.

• Racionalización de la prestación por desempleo para mayores de 52 años y eliminación del subsidio especial para mayores de 45. Más información.

• Abaratamiento y facilidad del despido: reducción a 20 días por año trabajado y ampliación de los supuestos de aplicación.

• Legitimización del despido procedente para quienes acumulen 9 días de baja en un mes, aunque sea justificada.

• En la Reforma Laboral se incluye la creación de un contrato precario para el trabajador, con un periodo de prueba de un año, sin derecho a indemnización y sin estar regulado por convenios colectivos, llamado “Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores”, que ni es indefinido ni servirá para crear empleo. De hecho, ha sido declarado ilegal por la justicia.

• Endurecimiento de las condiciones para las prejubilaciones para mayores de 50 años.

• Reducción del empleo público: se congela de nuevo la oferta de empleo público a excepción de la tasa de reposición del 10% en Educación, Sanidad, Policía y Hacienda.

• Los parados que no hagan un curso de formación podrán verse obligados a realizar labores para la comunidad.

• El sueldo de los trabajadores públicos se congela por tercer año consecutivo en 2013.

• El RDL 20/2012, artículo 8, se carga de un plumazo todos los convenios colectivos y acuerdos firmados y vigentes hasta el momento para empleados públicos, igualándolos a la baja.

• Según el BOE del 24 de septiembre, se justifica la contratación de empresas privadas de auditoría por carecer de efectivos suficientes para el plan de auditorías de 2013. ¿Dónde queda la afirmación de que sobran empleados públicos?

• En junio de 2013 nos enteramos de que el 75% de los 22.000 millones de euros para financiar a pymes con los créditos del ICO quedó sin otorgar en 2012.

• Andalucía: recorte del 5% en el sueldo medio de los trabajadores públicos por la supresión de complementos en las pagas extra, aumento de la jornada laboral a 37,5 horas para todo el funcionariado, reducción del 15% de la jornada laboral y el salario de interinos y se reduce en 304 millones de euros el programa de fomento del empleo.

• Cataluña: reducción de los complementos salariales del 5% en 2012.

• Cataluña: La Generalitat ha prescindido de 5.700 trabajadores entre 2011 y 2012. Fuente.

• Comunidad Valenciana: el Decreto-Ley 1/2012 del 5 de enero recorta múltiples derechos de los trabajadores públicos con la excusa del déficit. Son tantos que ocuparían una entrada entera, pero aquí están muy bien resumidos.

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En julio de 2012 se iba a estudiar en Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, una vez se aplique, reducirá sustancialmente las competencias de los ayuntamientos y aumentará el poder de las diputaciones provinciales en el 95% de los municipios españoles. El tema se aplaza porque a oídos de Rajoy llega la opinión de numerosos alcaldes del PP de que podría suponer toda una rebelión, incluso en sus propias filas. Ahora se va a retomar la aprobación de una reforma errónea en las formas e injusta para el ciudadano.

Pero, antes de desgranar el contenido de la reforma, ¿qué es la Administración Local? Se conoce con ese nombre al área de la Administración Pública que gestiona las entidades territoriales que pertenecen a la comunidad autónoma, es decir, los municipios y las provincias. ¿Cómo se gestiona? Con ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades menores. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo:

Municipio: el ayuntamiento realiza el gobierno y administración del municipio, a través de alcalde y concejales elegidos en elecciones municipales que, aunque se rigen por un sistema absurdo como el de D’Hont, al menos suponen un ejercicio de elección democrática. El municipio, según la Constitución, goza de autonomía y plena personalidad jurídica.

Provincia: también con personalidad jurídica propia y capacidad para el gobierno de sus fines, la provincia se gobierna desde la diputación provincial, una entidad con Presidente, Vicepresidente, Pleno y Comisión de Gobierno cuyos miembros no son elegidos por la ciudadanía. ¿Cómo se eligen? En teoría por designación directa de los concejales de toda la provincia. Es decir, a dedo. En la práctica, la diputación provincial es un reducto de caciques que ha posibilitado que familias como los Fabra (en Castellón) o los Baltar (en Ourense) las hayan controlado desde hace generaciones, con la consiguiente acumulación de poder ilícita y los casos de corrupción que ya conocemos.

Otras entidades menores: como juntas vecinales, mancomunidades, pedanías o concejos, cuyas competencias suelen estar ligadas a servicios en zonas rurales o pueblos pequeños. En algunas entidades sus encargados cobran, en la mayoría no. Unas son deficitarias, otras no. Pero todas tienen en común que ofrecen servicios que, de otra manera, esas zonas recibirían de forma mucho más deficitaria.

Puestos ya en situación, vamos a desgranar el contenido de la reforma, disfrazada de panacea para la administración local, que esconde en realidad la reducción de los ayuntamientos a meras oficinas administrativas, la privatización de los servicios locales y el refuerzo de las diputaciones. Veamos punto por punto:

Reducir un tercio el número de concejales existentes: esta medida puede resultar desastrosa si se realiza sin analizar a fondo las necesidades de cada municipio, puesto que un gran porcentaje de concejales de pueblos pequeños ni siquiera cobran y cumplen la función esencial de ser los portavoces de las necesidades de los habitantes, a quienes conocen de primera mano. ¿Reducir concejales? Depende de dónde, pero jamás indiscriminadamente, como pretenden.

• Interventor municipal: pasa a depender de la Administración central. En los ayuntamientos esta medida ha caído muy mal porque temen que esconda la conversión de los interventores en vigilantes de la deuda local más que del fraude. Creen que el Gobierno central solo quiere asegurarse el control absoluto de los presupuestos locales.

• Limitación del sueldo de alcaldes y presidentes de Diputación: ¡Bien! Una buena medida. Oh, pero un momento, ¿cuál será el sueldo máximo? Actualización a 28 de enero: PP y PSOE pactan que el sueldo máximo sea, ni más ni menos, 100.000 € brutos anuales! Limitan por tramos de población los sueldos de los alcaldes pero siguen siendo altísimos y desproporcionados respecto al salario medio español. Con ese tope máximo, solo habrá UN alcalde que tendrá que bajarse el sueldo: Xavier Trias, de Barcelona, y será una rebaja ridícula de 109.000 a 100.000 €. No es una limitación de sueldo lógica ni acorde a las medidas de austeridad que nos están aplicando al resto de ciudadanos. Aquí están los detalles del pacto abusivo sobre los sueldos de los alcaldes.

Competencias “impropias” de los ayuntamientos: la reforma establece la cesión de algunas competencias de los ayuntamientos a las CCAA. Lo grave es que las competencias son las de Sanidad, Educación y, peor aún, Servicios Sociales. Muchos municipios cuentan con escuelas infantiles municipales, autobuses escolares y dispensarios, entre otros. Esta medida aleja al ciudadano de la administración, aleja a la administración de la realidad local y dificulta el acceso a dichos servicios a personas con recursos escasos. Además, en el traspaso es más que probable que se pierdan servicios por “razones de austeridad”, o se privaticen, como ya ha pasado en tantos casos.

Suprimir la totalidad de las 3.725 entidades locales menores: pedanías, concejos, juntas vecinales, etc. De nuevo, esta medida no diferencia entre los lugares donde los responsables de dichas entidades (alcaldes pedáneos, presidentes de junta vecinal, etc) cobran un sueldo y los que no, que son la mayoría. Por ejemplo, eliminar una junta vecinal que recauda alquileres de fincas que revierten en el pueblo y que no cuenta con nadie en nómina hará que esos ingresos pasen al ayuntamiento del que depende y el pueblo los pierda. El afán recaudatorio indiscriminado provocará que muchas de estas entidades menores, normalmente rurales y con escasos servicios, tengan menos recursos y queden más aisladas.

Refuerzo de las diputaciones: estos entes absorben las competencias de las 1.432 mancomunidades que existen en España, organismos amparados por el derecho de agrupación de municipios que establece la Constitución y cuyo objetivo es la optimización de recursos en una zona concreta. Se podría elegir las más deficitarias, las que tienen problemas de gestión o cualquiera susceptible de revisión. Pero no: desaparecen por completo, todas, de nuevo sin criterio alguno. Los perjudicados vuelven a ser los municipios que se agrupan en mancomunidades precisamente para ahorrar en servicios, por ejemplo la gestión de aguas, la limpieza, la gestión cultural, etc. ¿Las beneficiadas? Las diputaciones.

Refuerzo de las diputaciones II: absorben los servicios públicos obligatorios que no sean “eficientes” en municipios inferiores a 20.000 habitantes (el 95% de los 8.116 existentes). Los ayuntamientos tendrán un año para evaluar sus servicios y ajustarlos a los “principios de sostenibilidad financiera”; tras el estudio, podrán suprimir los no esenciales y el resto podrán privatizarlos. Las diputaciones absorberán los que los ayuntamientos no puedan garantizar. Ni qué decir tiene que durante el traspaso de estos servicios se producirán cierres, recortes, desvíos del presupuesto y otras calamidades que suelen ocurrir en nuestra administración. Por otra parte, los ayuntamientos aprovecharán para quitarse de encima multitud de servicios que supongan una losa en sus cuentas. Y, además, es más que probable que las diputaciones privaticen los servicios que caigan en sus manos. ¿Quién pierde en todo esto? Una vez más, el ciudadano. En lugar de mejorar la gestión de cada municipio de forma individualizada, se procede de nuevo al traspaso indiscriminado de servicios a las diputaciones, organismos en muchos casos corruptos cuyos dirigentes no han sido elegidos legítimamente por los ciudadanos. Se desmantelan los ayuntamientos electos y se refuerza a los amiguetes del Gobierno.

Y se reducirá y privatizará el sector público local: es decir, se reducirá el número de organismos y consorcios públicos y los que queden se podrán privatizar. ¿En qué nos afecta esto? En el transporte, la asistencia social, las actividades deportivas, las actividades culturales y un largo etcétera que resultará, ciertamente, en un ahorro para las arcas públicas, porque seremos los ciudadanos los que pagaremos más. Mucho más.

En resumen: abandono absoluto del entorno rural, con lo que la sangría de población y servicios de los pueblos españoles se agudizará hasta el infinito; se refuerzan las diputaciones a la máxima expresión para dejar bien atornillados a los familiares, amiguetes y compañeros de los políticos de turno y de paso repartir servicios públicos entre sus empresas; se desguazan los ayuntamientos, que son los entes que están en contacto directo con el ciudadano, y se reducen a meras oficinas administrativas; se producirán miles de despidos como consecuencia de la supresión de servicios; y se abre la puerta a la privatización de los servicios municipales, es decir, aumentará el coste para el ciudadano y se reducirá la calidad del servicio en aras de la “eficiencia económica”.

Para terminar, solo un apunte: el Gobierno pretende ahorrar con estas barbaridades 3.500 millones de euros. Pero solo en Bankia el Gobierno ha invertido 23.500 millones de euros. Es triste, pero cierto: la banca siempre gana (y el ciudadano siempre pierde).

* Actualización a 26 de julio de 2013: Como ya venimos denunciando desde hace meses, la reforma del régimen local traerá consecuencias nefastas, ahora calculadas en cifras concretas gracias a El País: esta ley, que va a ser aprobada hoy, pone en peligro a 70.800 empleos en servicios sociales, 2.600.000 beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia, inserción social, albergues para inmigrantes o comedores) y 30.000 plazas en residencias para mayores. Es el gran hachazo al sistema local de servicios sociales, perpetrado por un Gobierno que no se molesta en ocultar que se desentiende por completo de los más desfavorecidos.

La explicación corta: bajará, menguará, disminuirá, encogerá. Las pensiones se recortan. El Gobierno va a atacar de lleno algo intocable hasta hace bien poco: nuestro retiro después de una larga y dura vida de trabajo.

La explicación larga y simplificada, según lo que ha propuesto el comité de expertos (o panda de neoliberales) para la reforma de las pensiones, consta de dos dardos envenenados:

1. Se recortarán a la baja según aumente la esperanza de vida y otros factores. Esto es lo que se está (mal) llamando factor de sostenibilidad, al que los expertos denominan, en un alarde de control eufemístico del lenguaje, Factor de Equidad Intergeneracional. Ya se mencionó en la anterior reforma, donde se planteaba a largo plazo y con muchos menos matices, pero ahora se aplicará como muy tarde en 2019. Es un 6% menos cada 10 años. Si te jubilas en 20 años, será un 12% menos de lo que te tocaría ahora.

2. Se recortarán cuando el Estado gaste demasiado. Tal cual. Como si esto fuera una empresa privada. Encima, ya no se revalorizarán con el IPC. Los pensionistas ya no tendrán garantizado su poder adquisitivo. El eufemismo en este caso se llama Factor de Revalorización Anual. Y esto se empieza a aplicar desde ya. Teniendo en cuenta la paupérrima economía de España y los ciclones recesivos que nos asolan por culpa de los majaderos que nos gobiernan, podemos esperar un futuro plagado de pensiones menguantes.

¿Resultado de las fórmulas? Una pensión de 1.000 € en 2013 podría ser de 750/800 € en 2020, y una de 2.000 € podría ser de 1.100 €. Surgen preguntas como por qué atacar el gasto (ergo al pensionista) sin abordar una reforma de la financiación del sistema; un sistema que, si no se tocara, en porcentaje del PIB en 2050 aún gastaría por debajo de Reino Unido, Italia o Alemania. Tenemos unas pensiones a la cola de Europa, solo superiores a las de Grecia y Portugal. Si la intención del Gobierno fuera crear empleo con el mismo empeño que aplica recortes y ataca a los más débiles, no estaríamos hundidos en el pozo donde se está ahogando una gran parte del país. Por todo ello, el hecho de que también se atrevan a recortar las pensiones es como brindar con cianuro y que te queme por dentro al beberlo.

Actualización a 19 de septiembre: El País ha publicado esta calculadora de pensiones que refleja cuánto menguará la pensión de cada uno según distintos escenarios.